Gustavo Barrera, el regreso del «abogado del Diablo»

• se llevará la comisión de su vida si logran vencer a la Semarnat y ganar una demanda por más de 4 mil millones de pesos por daños y perjuicios en contra de la declaratoria federal de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito

La declaratoria federal de Área Natural Protegida en la modalidad de flora y fauna de la Sierra de San Miguelito es un triunfo inédito de la sociedad potosina, sin embargo, persiste la amenaza de los fraccionadores que, movidos por el ánimo de lucro desmedido y sin importarles el medio ambiente, pretenden mediante amparos echar abajo el decreto de preservación, y el abogado que representa a esta minoría de empresarios, es Gustavo Barrera López.

Los derechos de las poblaciones de los municipios de San Luis Potosí, Villa de Reyes, Villas de Arriaga a una vida sana y un ecosistema protegido para las presentes y futuras generaciones de potosinos, no es algo que consideren los fraccionadores y su abogado Barrera, quien se frota las manos por la idea de que se llevará la comisión de su vida si logran vencer a la Semarnat y ganar una demanda por más de 4 mil millones de pesos por daños y perjuicios.

Barrera López fue secretario de Gobierno en los años de las turbulencias políticas, también fue encarcelado durante el gobierno panista de Marcelo de los Santos acusado por diversos delitos, es un abogado controvertido, parlanchín, con gusto por la bebida, de talante autoritario e ínfulas de gran jurisconsulto y uno de los favoritos de las clases altas, representó al fraccionador Carlos López Medina y otros en la privatización de más de mil hectáreas del ejido Garita de Jalisco, empañado por una serie de litigios y reclamos de ejidatarios que se sintieron burlados por lo que recibieron a cambio de sus tierras.

La historia se repite con la intención de echar abajo la declaratoria de ANP de la Sierra de San Miguelito, y está de regreso Barrera López, prometiendo millones y millones a los comuneros, dando como un hecho que ganarán la demanda porque la SCJN es contraria al gobierno del presidente AMLO y fallará a su favor. La falta de compromiso social y conciencia ecológica de Barrera y sus clientes, los convierte en una amenaza pública para San Luis Potosí.