DURANTE PRIMERA ETAPA DE FISCALIZACIÓN 2025, SURGEN FALTAS GRAVES EN OBRA PÚBLICA

• En verificación física a obras públicas, los hallazgos constituyen faltas graves que podrían configurar delitos.

A pesar de que las revisiones a la ejecución de Obra Pública aún no concluyen, en la primera etapa y hasta el momento ya han surgido anomalías en el manejo del recurso público alrededor de todo el estado. A esto se refirió el titular del Instituto de Fiscalización Superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien informó que las irregularidades detectadas por el equipo de auditores especializados son recurrentes y algunas de ellas constituyen faltas graves que podrían incluso configurar delitos.

La verificación física y documental de las obras reportadas en las Cuentas Públicas 2025 por los entes que están siendo fiscalizados, tiene la  finalidad de comprobar que los recur-sos públicos fueron aplicados de manera correcta y cumplen con la calidad, costo, especi-ficaciones técnicas y tiempos contratados.

Para ello, los auditores de obra corroboran la existencia real de ésta y su nivel de avance físico; realizan levantamientos y mediciones; revisan expedientes técnicos, incluyendo el análisis de elementos susceptibles de riesgo, éste como criterio relevante de selección de muestra para la fiscalización; y también examinan el desglose de precios unitarios, por su impacto en el costo final de la obra.

Además, verifican la calidad de materiales, llevan a cabo pruebas de laboratorio, cotejan en la bitácora que todo el proceso de construcción esté debidamente asentado y firmado tanto por el supervisor como por el contratista, confirman personal y maquinaria, confrontan anticipos y su correcta amortización, comprueban números generadores, revisan procesos de adjudicación y contratación, así como el cumplimiento del marco legal.

Finalmente, Rodrigo Lecourtois indicó que el modelo de fiscalización adoptado por el IFSE centraliza su actuación en el beneficio que éste puede otorgar a la ciudadanía y por tanto, su compromiso se refleja desde la planeación de auditorías que impacten y logren proteger eficientemente el patrimonio público; auditorías en las que el trabajo de campo enfocado en la Obra Pública adquiere tanto protagonismo como grado de incidencia alcance en el combate contra la corrupción y la impunidad.