Xavier Nava y el Centro deportivo español

La evidencia, tozuda, exhibe al alcalde de San Luis como alguien con un gusto por la corrupción propia de otros tiempos que, de cualquier manera, nunca debieron presentarse. Si es cierto que los hijos no son responsables de las faltas de sus padres, también que algunos hijos reproducen lo que aprendieron en casa. En este caso, el hijo alcanza a escala al padre lo que no es nada fácil y que seguramente amerita una cálida ovación. Lo que revela el caso de la licitación para construir la 2ª fase del Centro deportivo español no es una excepción sino un modus operandi. El fallo de la licitación pública estatal número MSLP-DOP-LPE-05-2ª se produjo el 14 de agosto de 2019. Cuatro empresas reunieron en primera instancia los requisitos: Torres Ojeda Edificaciones, Concreser, Arqytrack y Rocha y de la Rosa Construcciones. La adjudicación recayó en Concreser, cuando en apego a las bases de la convocatoria debió de haberlo hecho en Torres Ojeda Edificaciones. En recurso remitido al Contralor Interno, José Mejía Lira, la empresa perjudicada alega irregularidades en la adjudicación, a lo que el titular de la Contraloría resuelve el 8 de enero de 2020 “la nulidad del fallo de fecha de catorce de agosto de dos mil diecinueve”, decretándose “la nulidad del acta de fallo y del fallo”, instando a que “la convocante deberá adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias, para que en futuros eventos que realice, no se presenten casos como el que nos ocupa”. El oficio de la Contraloría no sólo favorece a Torres Ojeda Edificaciones sino que amonesta seriamente a la convocante por faltar al debido proceso. Repuesta la licitación volvió a ganar la empresa Concreser, violando flagrantemente los señalamientos del contralor interno. Dicho de otra manera, la controlaría interna es mero adorno de una administración ocupada en enriquecerse a cargo de una regulación que siempre contraviene a condición de favorecer sus intereses. A un nuevo recurso de Torres Ojeda Edificaciones, la respuesta de Nadia Carolina Rangel Valdivia, rimbombante y presuntuosa Coordinadora de Investigación y Contraloría Social de la Contraloría Interna Municipal, exhibe lo que es: sicaria de un sistema al servicio de Xavier Nava, en que el ciudadano que honradamente concursa en una licitación es defraudado por quienes deberían asegurar la legalidad. (La cronista-corista, tiastra putativa del alcalde, braceando en una alberca de Martin’s Millers gin, paradójicamente se sofoca porque piensa que detrás va ella).

            Xavier Nava llegó para combatir la corrupción. Una vez en el cargo la fomenta a capricho. Al chico Nava no le importan el perjuicio cometido contra empresas honradas, ni contra sus titulares, ni socavar la legalidad de su administración, ni vapulear el Estado de Derecho. Los moches, la extorsión, las mordidas están a la orden del día en una administración a espaldas del ciudadano, interesada en exclusiva en saturar sus cuentas corrientes, preocupada únicamente en servirse con impune prodigalidad. El municipio dirigido por el alcalde es sólo un cártel dispuesto para saquear a los potosinos, violando sus derechos, violentando sus garantías. El perverso aparato de controlarías, subcontralorías, áreas contraloras de investigación, apenas una pantalla para aparentar una legalidad que no existe en los hechos. Más patético es que el alcalde, extraviado en una espesa atmósfera delictiva, pretenda una candidatura a la gubernatura. Todo indica que debería enviar solicitudes a centros de readaptación social cuyo ingreso es complejo en comparación con el engrasado y eficaz aparato corrupto que preside.