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Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TESLP) defendió la legalidad constitucional de la resolución del tribunal para retirar a Xavier Nava Palacios la candidatura para la reelección por la presidencia capitalina al señalar que el edil con licencia estuvo contendiendo al mismo tiempo, en la misma elección, por dos cargos y partidos distintos, situación que está claramente prohibida en la ley.
Lo anterior, tras la impugnación de varios partidos políticos como el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y Conciencia Popular, tras la procedencia del dictamen de registro a la alcaldía de Nava Palacios.
“Nos dimos a la tarea de revisar justamente los agravios que nosotros estimamos son fundados, porque no se estaban cumpliendo con los requisitos de elegibilidad que marca la constitución en la vía de la reelección. La constitución es muy clara respecto a quienes pueden acceder a esta figura pública de la reelección”.
La presidenta del TESLP indicó que detectó varias transgresiones a la normatividad, por lo que estimaron fundados que las tres personas de dicha planilla son ilegibles, y por tanto se revocó el dictamen del Comité Municipal Electoral, dejando a salvo los derechos del partido para que puedan sustituir y no se queden sin candidato para la próxima contienda.
“Si bien no existe literal, o de manera física un documento en donde diga que se está militando con un partido político, si es cierto que existieron conductas y evidencias que consideramos fueron lo suficientemente fuertes para comprobar el vínculo partidista, hubo hasta aportaciones fuertes por efectivo al partido político, cartas compromiso de acatar los estatutos y toda la normatividad interna del PAN, el hecho de qué se está impugnando la contienda interna de Acción Nacional, al mismo tiempo, que se registraba por el partido político Morena, encontramos una serie de circunstancias públicas notorias que no podíamos desestimar”.
Porras Guerrero indicó que los partidos políticos son el vehículo para acceder al poder, por lo que defendió que el derecho a ser votado no es absoluto, al igual que todos los derechos está regulado.
“Estamos seguros, y defendemos la legalidad de la resolución, pero por supuesto que está sujeto a la última palabra de la Sala Monterrey, y nosotros como funcionarios, debemos ser respetuosos de la sentencia, las sentencias se acatan, y no está en el contentillo de nadie”.
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