TAXISTAS BLOQUEAN PERIFÉRICO PARA ECIGIR LIBERACIÓN DE SUS COMPAÑEROS MALANDROS

• Salen a la luz detenciones de operadores vinculados con narcomenudeo, robo y otros delitos; detrás de las protestas estaría también el rechazo a la revista vehicular que podría exhibir más anomalías

Un reducido grupo de taxistas volvió a colocar a la ciudad de San Luis Potosí como rehén de sus intereses particulares al insistir en bloqueos y manifestaciones que paralizan vialidades estratégicas, generan caos vehicular y afectan directamente a miles de familias, trabajadores, estudiantes y comerciantes de la capital potosina.

Bajo el argumento de exigir la destitución de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a quien acusan de supuestas omisiones en la regulación del sector y de permitir condiciones desiguales frente a las plataformas digitales de transporte, algunos de los líderes de estas protestas esconden en realidad una agenda orientada a frenar revisiones y mantener privilegios e irregularidades dentro del gremio.

Lejos de representar a la totalidad de los trabajadores del volante, el grupo que encabeza estas movilizaciones ha intensificado su presión justo en momentos en que las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de control y revisión de unidades. La negativa a someterse al proceso de revista ha despertado sospechas sobre el verdadero trasfondo de las protestas, sobre todo porque dicho procedimiento podría dejar al descubierto anomalías administrativas, vehículos irregulares e incluso unidades con antecedentes delictivos.

Los antecedentes registrados este mismo año exhiben un panorama preocupante. En apenas unos meses, al menos 15 taxistas han sido detenidos por delitos que incluyen narcomenudeo, robo con violencia, posesión de armas, daños, manejo temerario y conducción de vehículos robados.

El 1 de enero, Oscar Uriel Martínez Hernández fue detenido en Escalerillas a bordo del taxi 4678 con marihuana y cristal; el 6 de enero, en Santa María del Río, fue capturado Fabián Vásquez Donjuan junto con otros sujetos armados y en posesión de droga; el 14 de enero cayó Erik Humberto Velázquez Mendoza, operador de la unidad 2753, también con cristal.

La lista continuó el 16 de enero con la detención de Juan Pablo Méndez Huerta por conducir un taxi con placas sobrepuestas; el 27 de enero fue detenido José Enrique Torres Trejo, operador de la unidad 3582, señalado por robo a comercio, ataque peligroso y conducción temeraria, además de ser considerado objetivo criminal por múltiples robos violentos a tiendas de conveniencia. Días después fue capturado Gerardo Zared Barreda Lemus por posesión de droga.

Durante febrero y marzo continuaron los aseguramientos. Edgar Horacio Castanedo González, operador del taxi 0273, fue detenido por posesión de droga; Leonardo Hernández Hernández fue sorprendido conduciendo un automóvil robado con violencia en Querétaro y Bruno Eduardo Ramírez Pecina, operador de la unidad 5139, también fue arrestado por delitos contra la salud.

en abril y mayo las detenciones no cesaron. Noé Vargas Domínguez fue arrestado por manejo temerario; José Francisco Rodríguez Sánchez, operador de la unidad 4695, por daños; Humberto Efraín Torres Caldera, taxista de la unidad 2751, por manejo temerario y posesión de droga; y Ricardo Torres Cervantes, operador de la unidad 0314, fue detenido con 64 dosis de cristal.

A esto se suma otro dato alarmante que explica la resistencia de algunos concesionarios a la revista vehicular: en lo que va del año las autoridades han asegurado dos unidades habilitadas como taxis que contaban con reporte de robo. Entre ellas un Volkswagen Vento robado con violencia en Puebla y convertido en taxi con número económico 3960, así como un Chevrolet Aveo robado en la Tercera Chica y operado posteriormente como taxi con número 1413.

En este contexto, los bloqueos y presiones contra la autoridad estatal parecen responder menos a una legítima defensa laboral y más a un intento por evitar que las revisiones oficiales continúen exhibiendo una red de irregularidades y posibles actos delictivos enquistados en una parte del gremio taxista. Mientras tanto, la ciudadanía sigue pagando las consecuencias de manifestaciones que afectan la movilidad, la productividad y la tranquilidad de toda la capital potosina.