- El actual alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos fue destituido tras informe de Derechos Humanos que señalaba la ejecución extrajudicial de al menos 15 de los 22 asesinados
- A pesar de los claros señalamientos en su contra por violaciones a los derechos humanos en su cargo como jefe policial, su actuar sigue en la total impunidad
El 22 de mayo de 2015, ocurrió la masacre de 42 civiles en el rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, durante un supuesto enfrentamiento entre elementos de la policía federal y presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.
Al desarrollarse un primer enfrentamiento sobre la carretera Nogales-México, elementos de la entonces Policía Federal repelieron el fuego y comenzó una persecución que terminó hasta el rancho El Sol, donde inició la masacre ordenada por el actual alcalde de San Luis Potosí.
Meses después, la comisión de Derechos Humanos de México confirmó que el enfrentamiento entre delincuentes y policías en Tanhuato, Michoacán, en realidad fue un abuso de poder donde ocurrieron ejecuciones arbitrarias, siendo destituido el otrora jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo.
La incursión de la Policía Federal en aquel lugar y el “enfrentamiento” duró apenas dos horas, documentándose que 15 de los muertos tenían a sus atacantes de frente, sin que se pueda saber las circunstancias de cómo murieron y según concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 13 de los muertos estaban de espaldas a sus victimarios, en una posición de vulnerabilidad. De estos, ocho fueron asesinados mientras cruzaban una parcela, como si intentaran huir. Varios de ellos presentaron disparos en la cabeza. Uno más presentaba lesiones propias de un atropellamiento sin esclarecerse.

Según investigaciones realizadas por asociaciones de derechos humanos y periodísticas, el trabajo de Galindo Ceballos ha sido cuestionado con frecuencia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en cuanto cargo de poder se encuentra, desde abusos de poder, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos por parte de policías a su mando han sido documentadas por la Comisión; incluso, una detención irregular firmada por él mismo, cuando era fiscal del Estado de San Luis Potosí.
El actual alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, es señalado como orquestador de los operativos que más han calado en la sociedad potosina: desde el caso de Iguala, donde los estudiantes de Ayotzinapa fueron emboscados sin que la Policía Federal evitara la situación a pesar de ser testigos; la desaparición de los normalistas el 20 de noviembre donde se registró abuso de poder; en Apatzingán donde la Policía Federal fue acusada de asesinar a seis personas; Nochixtlán donde las autoridades policiacas dispersaron con armas un bloqueo de maestros a pesar de que Galindo lo negó y el caso de Tanhuato, que finalmente terminó en su cese.
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