Cuando comienza una administración ya sea municipal o incluso estatal, los nuevos jefes llegan a los ayuntamientos y oficinas de gobierno despidiendo gente, sin preguntar las funciones que realizan, si son productivos o útiles para el funcionamiento de las dependencias y sin importarles las demandas laborales que los corridos interpondrán para defender sus derechos laborales, todo esto sólo porque “son gente del que ya se fue”, el ejemplo más drástico es el del Ayuntamiento de Santa María del Río.
Esta práctica es común en todos los Ayuntamientos de San Luis Potosí, son contados, si a caso dos o tres las administraciones municipales que no enfrentan demandas laborales, el resto tiene comprometidas las finanzas porque, para agravar la situación, en vez de contratar despachos de abogados eficaces y capaces, dan trabajo a amigos y compadres que de leyes no saben nada, lo que los lleva a perder los juicios.
El caso del embargo por laudo laboral de 11 millones de pesos al Ayuntamiento de Santa María del Río debería de servir de escarmiento y para encender las luces de alarma de toda la administración pública, en vez de estar buscando culpables en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, pues más del 90% de los Ayuntamientos pueden correr la misma suerte.
La demanda laboral que terminó en embargo por 11 millones de pesos inició en 2006, cuando el ex trabajador Gustavo N. fue despedido sin justificación, demandó al Ayuntamiento y ganó.
En 2012 el entonces alcalde Pascual Martínez, quien fue apresado por ejercicio indebido de las funciones públicas, lo acusaban de realizar diversas acciones que comprometieron los recursos municipales sin la autorización del Cabildo. Entre estas acciones se encuentra la firma de un convenio con el ex trabajador del Ayuntamiento, Gustavo N. con quien se comprometió a pagar el laudo laboral y por cada día que no pagara, habría una sanción de 5 mil pesos.
El alcalde no pagó, se terminó su periodo constitucional y se fue. En agosto de 2014 fue aprehendido, pero entre los cargos se incluía un convenio para el pago de un laudo laboral en tres parcialidades, excediendo su mandato, pero no se contempló el convenio que firmó, aconsejado por su compadre, a quien contrató como asesor legal, para pagar 5 mil pesos por cada día que el Ayuntamiento no pagara al ex trabajador.
Los hermanos Reyna, Pedro e Israel, quienes sucedieron en el cargo a Pascual Martínez, conocieron del convenio, pero asesorados por sus amigos, que contrataron como asesores legales, se negaron a cumplir con el convenio que Pascual Martínez hizo a nombre del Ayuntamiento de Santa María del Río.
Las Leyes mexicanas, aunque lentas, tienen plazos que se cumplen. En 2019 se dio aviso al Ayuntamiento de Santa María que había perdido todo los recursos y debía pagar el laudo laboral al ex trabajador Gustavo N., quien casi 8 años después de haber ganado el juicio, ahora se le debían 11 millones de pesos, gracias a la torpeza de los compadres-abogados contratados por los alcaldes Pascual Martínez, Pedro Reyna e Israel Reyna.
Israel Reyna, que se cree más listo que las leyes, se negó a pagar el laudo, por lo que el siguiente procedimiento fue el embargo y transfirió el dinero de las participaciones federales a cuentas de gasto municipal, lo que para empezar está prohibido, pues eso sería triangular los recursos.
El alcalde Isael Reyna y su asesor externo y compadre, ocultaron las cuentas del Ayuntamiento, bien listillos ellos, pensando que Gobierno del Estado les ayudaría a no pagar ese laudo laboral por 11 millones de pesos, además lloriquearon con los diputados del PRI, quienes en vez de sancionarlo, como marca la Ley, se convirtieron en solapadores.
Ahora que el embargo por 11 millones de pesos fue ejecutado, Israel Reyna anda llorando por los rincones, llora ante el Gobernador y el secretario general de Gobierno, llora ante los diputados, llora ante Derechos Humanos, llora y llora.
Lo que el alcalde no ha explicado es por qué en su primer periodo como alcalde de Santa María del Río no pagó el laudo laboral, dejó que cada día se sumaran 5 mil pesos llegando a si a los 11 millones.
La gente de Santa María del Río conoce del caso, sabe cómo ocurrió y culpa a los alcaldes por esta deuda de 11 millones, para ellos no hay diferencia pues se quejan de que de todas maneras en el pueblo no hay obra incluso han llegado a decir que “si el alcalde anda de llorón, es porque se va a llevar menos dinero a su bolsa”.
El caso de Santa María del Río debería de servir de ejemplo, encender las alarmas en los Ayuntamientos y en el Congreso del Estado, los diputados ya deberían estar trabajando en poner candados para evitar que los alcaldes despidan a los trabajadores sin justificación y que estén obligados a pagar los laudos laborales, en vez de seguir el lloriqueo colectivo al que se han sumado Mexquitic, Villa de Ramos y otros más.
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