La administración universitaria de Fermín Villar circuló una nota poco menos que siniestra en que se compromete a combatir acosos y vejaciones que sufren empleadas, profesoras y alumnas. El apunte no es resultado del convencimiento, sino de intereses electorales. La información no informa nada. En todo caso, evidencia que sólo se pretende asegurar la impunidad de los delincuentes. Con la inmoralidad acostumbrada, los firmantes consignan que “la violencia contra la mujer es estructural, histórica y cultural”. No dicen que esas estructuras, historias y culturas parecen promovidas, fomentadas y encubiertas por ellos. Es difícil creer que las mantas inculpadoras que tapizan las facultades desde hace cinco años se deban a tareas de clase. Hoy son tan notorias como entonces, no más como afirman en el escrito. Entonces no hicieron nada. Tampoco ahora a pesar de la circular y del anuncio, cómo no, de una nueva comisión al servicio de la arbitrariedad. No basta con decir que se ha hecho “un daño irreparable e irreversible”, lo que es verdad. Ni siquiera es suficiente que quienes fraguaron y participaron en la trama de complicidades y corrupción lo asuman. Tienen que enfrentar sus decisiones, actos y dichos en el lugar que corresponde.
Previsiblemente instalan “la comisión permanente de atención a las denuncias”. Un nuevo insulto. Dilatar, aplazar, posponer. Aparentar que se quiere combatir cuando en realidad Anuar Kasis quiere la rectoría. Lo que se omitió cuando se debía sancionar no puede reponerse cuando se requiere no en virtud de los delitos, sino del interés de grupo en seguir en la silla rectoral. La parte medular del comunicado la representa la nómina de los firmantes. No pocos encubridores manifiestos de los delincuentes que tomaron decisiones contrarias a la justicia en provecho de los criminales, que adoptaron la indiferencia al servicio de la impunidad. Lo grave es que ellos son también presuntos delincuentes y, por tanto, ya no pueden tomar ni estas ni otras decisiones. Si realmente les importan esos delitos, deberían renunciar a sus cargos sin esperar a las elecciones. ¿Es creíble que cómplices de presuntos criminales adopten medidas para combatir lo mismo que enmascaran? (A trompicones, la cronista-corista recuerda arrobada, abrevando un gimlet azul de Bombay, la boda de su primera hija, ese momento en que el maestro de ceremonias la invitó a salir a bailar con el padre de la contrayente y la pista se llenó).
El Consejo Universitario tiene algo que decir únicamente por dignidad elemental y rectitud moral, ni siquiera por la natural solidaridad con las agraviadas. Cínicamente las autoridades reiteran el diálogo cuando lo que se necesita es la acción inmediata. Hay que reclamar responsabilidades. Piensan que todo se zanja con crear otra inútil comisión, que así se borra el pasado, que las afrentas se disipan. Nada se ha resuelto con comisión y sin comisión. Son presuntos responsables y debe exigírseles que lo asuman ante la Universidad, los tribunales y la sociedad: Fermín Villar, Anuar Kasis, Jorge Héctor Ávila Hernández, Miguel Aguilar Robledo, José Abraham Oliva Muñoz, Ricardo Martínez Rider, etcétera. La única decisión razonable es la renuncia por presunta complicidad. Su presencia mancilla, humilla, ofende. Una institución pública no puede estar dirigida por un sindicato en apariencia criminal. Es demasiado obvio que el comunicado es estrategia de quien se siente arrinconado pero no desiste en su ambición. No hay arrepentimiento ni enmienda. Si en verdad las tuvieran, ya habrían dimitido y se habrían puesto a disposición judicial para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
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