Trabajadores de la empresa japonesa NIDEC Tosok denunciaron en redes sociales que tanto los administrativos de la armadora en San Luis Potosí, como el sindicato de la CTM, hostigaron, amenazaron y obligaron a firmar carta de renuncia voluntaria a un buen número de sus compañeros que desde ese momento se convirtieron en desempleados, esto aprovechando la crisis por el coronavirus.
Los obreros señalaron que tanto los directivos e la japonesa NIDEC como el “líder” sindical, Martín Guerrero, en plan de “nuevo rico” obligaron a los compañeros, en su mayoría mujeres madres solteras, a firmar la renuncia voluntaria o de lo contrario serían boletinados para no ser contratados en ninguna empresa de la Zona Industrial.
Los desempleados, además de ser advertidos con ser boletinados en las fábricas de la Zona Industrial, fueron amenazados de no recibir utilidades si no firmaban la renuncia voluntaria.
Cuando los trabajadores reclamaron a su “líder” sindical, Martín Guerrero, el “nuevo rico” les dijo que nada podía hacer por ellos, que debían firmar o de lo contrario no volverían a trabajar en ninguna fábrica porque los iban a boletinar.
Martín Guerrero, convertido en nuevo rico gracias a la cuota sindical de los obreros, goza de las mieles del dinero de los trabajadores, tanto así que ya es socio del Club Libanés, donde se codea, en las saunas, de tú a tú con “ricos” de San Luis Potosí.
La empresa japonesa NIDEC Tosok arribó a San Luis Potosí en junio de 2016, fabrican válvulas de control de alta precisión, parte esencial en la transmisión automática de vehículos, proveedores de la Honda.
Mientras que en Japón la empresa NIDEC Tosok respetó los derechos de los trabajadores durante la actual crisis por el coronavirus, en México, según las denuncias en redes sociales, abusan de los trabajadores con el aval del sindicato de la CTM.
Por supuesto que el cacique Emilio de Jesús Ramírez guarda silencio ante esta y todas las violaciones cometidas en contra de los obreros en la Zona Industrial de San Luis Potosí.
Por su parte Manuel Lozano y Alejandro Polanco, que cobran insultantes fuertes cantidades de dinero como secretario del Trabajo y procurador del Trabajo, respectivamente, ni las mano metieron para defender a los cientos de obreros que han sido despedidos injustificadamente.
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