Galindo paga a consejera de Derechos Humanos para golpetear a Gallardo, DIF Estatal, diputados y la CEDH

• A través de Zeferina Catalina Torres Cuevas mete proceso de inconstitucionalidad para «tumbar» asuntos “incómodos»
• A cambio le prometió la creación del instituto para discapacitados, rechazado por el Congreso del Estado por improcedente y duplicar funciones del DIF

En plena crisis por el desabasto de agua que atraviesa la zona metropolitana de San Luis Potosí por la suspensión del servicio en la Presa El Realito y cuando cada peso cuenta para salir del gran problema, Enrique Galindo, el alcalde viajero, decide gastar el dinero de los potosinos en contratar a “pseudo activistas” con la única encomienda de golpetear al gobernador Ricardo Gallardo, al DIF Estatal, a los diputados y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Gracias a una solicitud de transparencia, el Ayuntamiento capitalino reconoció que entre su personal se encuentra inscrita la señora Zeferina Catalina Torres Cuevas, tiene un contrato vigente por honorarios con un puesto de ayudante general por el que percibe un salario mensual de 16,718 pesos.

Hasta el pasado 23 de junio, Zeferina Catalina Torres Cuevas, se desempeñaba además como comisionada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, pero hizo capricho y renunció, esto luego de que activistas en pro de los derechos de personas con discapacidad la enfrentaron y acusar de golpetear, obstaculizar y politizar el tema en beneficio personal

En marzo pasado, durante una reunión de integrantes del Congreso del Estado, personal de la CEDH y asociaciones civiles Zeferina Catalina Torres Cuevas estalló y amenazó a los legisladores de promover una acción de inconstitucionalidad si no aprobaban su iniciativa para crear el instituto de personas con discapacidad, el cual fue rechazado por improcedente y duplicar las funciones del DIF.

A raíz de ese evento Zeferina Catalina Torres Cuevas movilizó a activistas en pro de los derechos de personas con discapacidad y tomaron la CEDH para obligar a que promovieran la acción de inconstitucionalidad en contra de la consulta realizada por el Congreso, Gobierno del Estado y el DIF Estatal.

Zeferina Catalina Torres Cuevas utiliza además a la fundación Gilberto Rincón Gallardo para hacerse de recursos, amenazar políticos y extorsionar a funcionarios públicos.

Con el fin de hacer válida su consulta municipal, Galindo, el alcalde, viajero, paga a la “experta en discapacidad” para evitar que lo impugne otra vez y le promete la creación de el instituto, mientras eso pasa su tarea es golpetear al gobernador Gallardo, a los diputados, al DIF Estatal y a la CEDH.