El lunes 29 de septiembre de 2014 el entonces gobernador priista Fernando Toranzo a través de su vicegobernador, Cándido Ochoa, marcó la línea a la LX Legislatura para que eligieran a diez magistrados numerarios del Poder Judicial de San Luis Potosí que previo habían sido palomeados por él, con tal descaro que incluso de Palacio se difundió una lista de los próximos magistrados, misma que fue publicada, con 24 horas de anticipación, por medios de comunicación. Ayer, seis años después, los magistrados torancistas buscaron la reelección, pero les dieron palo.
En 2014 el gobernador tenía el control del Poder Legislativo al haber mayoría de diputados priistas y el dominio de los panistas. Ahora el Legislativo está dividido en tres fuerzas, PRI, PAN y MORENA, peleando cada congresista por sus intereses particulares, no lograron el consenso, por lo que el gobernador no tiene mayor dominio que la pésima negociación que hacen desde la General y el enlace.
Los diputados avalaron la ratificación de tres de los nueve magistrados que buscaban la permanencia: la actual presidenta del Poder Judicial, Olga Regina García López; el ex presidente del Poder Judicial, Juan Paulo Almazán Cue y Rebeca Anastasia Medina Salazar; el resto hizo coraje, berrinche y amenazó con impugnar, ampararse demandar a los diputados, todo porque se niegan a soltar el hueso.
Los magistrados ratificados, que en teoría se quedarán seis años más en su cargo, en realidad, por uno más de los tantos huecos legales que los diputados hacen, se quedarán 9 años, para sumar un total de 15 años, a menos que lleguen a los 73 años de edad, tope para ejercer el cargo.
Los ahora ex magistrados Luis Fernando Gerardo González, Graciela González Centeno, Arturo Morales Silva, María Refugio González Reyes, María del Rocío Hernández Cruz, y Juan José Méndez Gatica, preparan la impugnación y, según expertos en el tema, podrán alargar hasta un año su permanencia en el Poder Judicial, pero al final se van a ir.
Los diputados alegaron tener argumentos para no ratificarlos: el pésimo desempeño que han hecho: la falta de aplicación de la justicia en San Luis Potosí es culpa de estos magistrados.
Oscar Vera aseguró que ha bajado mucho la experiencia y categoría, lo que deja mucho qué desear del cuerpo colegiado.
Por su parte Edgardo Hernández hizo una lista de fallas de los magistrados:
No están capacitados, clara preferencia a corporativos o abogados de los corrompen, nepotismo pues todos los magistrados y jueces han dado trabajo a su propia familia, fraude, corrupción y peor aún, acusó a una magistrada, que a falta de pruebas prefirió omitir el nombre, de enriquecimiento ilícito.
El legislador declaró que sería bueno que se dieran pruebas de las propiedades y bienes de los magistrados, ya que en muchos casos no corresponde el nivel de vida con el salario.
Sonia Mendoza declaró que espera que los ahora ex magistrados no se amparen, pues ellos, o sea los diputados, tienen argumentos suficientes para defenderse y ganar.
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