- Manejos turbios y jubilaciones ilegales bajo el cobijo del rector, razones por las cuales Zermeño Guerra se niega a auditorías externas
La Unitienda de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se ha convertido en el centro de un escándalo por opacidad y manejos financieros irregulares. Con Marco Antonio Aranda Martínez como gerente, este espacio registró facturaciones por conceptos de ropa íntima y tops deportivos por más de 2.7 millones de pesos.
Esta cifra resulta alarmante al compararse con el ejercicio de 2021, cuando el gasto anual en lencería apenas alcanzaba los 44 mil 460 pesos; sin embargo, bajo el mando de Aranda Martínez, el acumulado entre 2022 y 2024 se disparó hasta los 2 millones 379 mil 434 pesos.
Personal de la propia tienda ha señalado que gran parte de esa mercancía facturada jamás ingresó físicamente al almacén y, de forma sospechosa, los pagos a dicha proveedora cesaron inmediatamente tras la salida del funcionario.
El nombramiento de Aranda Martínez como gerente de la Unitienda —con un sueldo mensual de 85 mil pesos— careció de sustento técnico, dado que no contaba con experiencia previa en el área comercial. Según diversos señalamientos, su posición tuvo como único objetivo cumplir el tiempo necesario para acceder a una jubilación con el 100% de su salario. Este beneficio se concretó en julio de 2025, cuando tras solo cinco años de servicio efectivo, fue favorecido con una pensión excepcional que incluye un bono extra de 133 mil 309 pesos, el cual sigue percibiendo actualmente.
Esta acción constituye una violación directa al reglamento universitario, el cual estipula que para jubilarse con el último cargo ocupado se requiere una antigüedad mínima de cinco años en dicha posición, requisito que el exsecretario general de la UASLP y del Gobierno del Estado no cumplía.
La impunidad que rodea estos hechos ha sido atribuida por organizaciones como Ciudadanos Observando a la cercanía de Aranda Martínez con el «círculo dorado» del rector Alejandro Zermeño Guerra.
Se señala que el rector ignoró deliberadamente la normativa interna para beneficiar a su aliado, utilizando además al órgano interno de control de la institución para realizar revisiones «a modo» y deficientes que intentan encubrir el desfalco.
Este esquema de protección mutua explica la persistente negativa de la rectoría a someter a la máxima casa de estudios potosina a una auditoría externa, pues las irregularidades en la Unitienda y las jubilaciones otorgadas fuera de la ley quedarían expuestas ante un escrutinio independiente y riguroso.
Expande el vuelo:
Descubre más desde vuelomagazine.com.mx
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
