Emilio Zebadúa, padrino de bodas de Xavier Nava y Nancy Puente, será detenido por FGR

Un nuevo problema para el alcalde Xavier Nava está cerca, luego de que un tribunal autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) detener a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien es su socio, amigo y compadre, por acusaciones de desvío de recursos en los que el presidente municipal de la capital podría estar relacionado.
La posibilidad de detener a Zebadúa es para que enfrente las acusaciones que tiene en su contra por el desvío de más de cinco mil millones de pesos, tema relacionado con la “Estafa Maestra”.
Zebadúa, quien fue padrino de Xavier Nava en su boda con Nancy Puente en Chiapas, lo acercó a trabajar con la maestra Elba Esther Gordillo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde también hay acusaciones de desvío de recursos.
Además, trabajaron juntos en el gobierno de Chiapas, cuando Zebadúa era secretario general y contrató a Xavier Nava como su asesor.
Sobre el caso de la Estafa Maestra, la Fiscalía había interpuesto un recurso de revisión para revocar la suspensión definitiva que un juez federal le otorgó a Emilio Zebadúa, quien busca el amparo de la justicia federal para no ser detenido.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, declaró fundado el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República, que le permite judicializar la carpeta de investigación y el asunto ante un juzgado de control.
Los magistrados no le concedieron a Zebadúa la suspensión definitiva para efectos de que el quejoso tenga libre acceso a dicha carpeta, pues con ello se infringen disposiciones de orden público, las cuales establecen la facultad de reserva del Ministerio Público.
Los magistrados argumentaron que la persona que adquiera la calidad de imputado dentro de una investigación, tendrá acceso a los registros de la carpeta de investigación en tres momentos diferentes, los cuales son: cuando el imputado se encuentre detenido, cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista, y antes de su primera comparecencia ante el juez, con la oportunidad debida para preparar su defensa.
Por ello, declaró improcedente conceder la suspensión “para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público, al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social”.