BURDAS «ESTRATEGIAS» DE LA UASLP PARA MANTENER PRIVILEGIOS

En respuesta al fuerte descrédito social que le ha ocasionado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí su rechazo a ser auditada por el estado, este jueves la máxima casa de estudios organizó un encuentro con altas personalidades académicas del país, con la idea de que en nombre de una mocha interpretación de la autonomía universitaria defendieran la terca negativa de la UASLP de abrir sus cuentas al escrutinio público.

Entre los presentes estuvo Leticia Jiménez Zamora, presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera (AMEREIAF), quien se mantuvo fiel al guión e insistió una y otra vez en que únicamente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede revisar los recursos federales transferidos a las universidades, incluidas las aportaciones que los estados entregan.

La académica se atrincheró tras el argumento de que si algún gobierno estatal insistía en revisar el destino de los recursos públicos entregados a las universidades, seguramente era por intereses políticos y no a una preocupación real por la transparencia. Así de fácil la académica desechó los reclamos de los potosinos por conocer, entre otras irregularidades, los jugosos sueldos que devenga la clase dorada de la UASLP.

Con un sentido nulo de la autocrítica, Jiménez Zamora olvidó mencionar que la UASLP y ella misma han recurrido a estrategias políticas para sus muy particulares fines, o ¿cómo definir entonces los grados honoris causa que la UASLP otorgó el 26 de enero del año pasado al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y a Emilio Barriga Delgado, titular de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado?

Según lo dijo el propio rector potosino, Alejandro Zermeño Guerra, dicha distinción se otorgó por “trabajos importantes de capacitación que ayudaron al cumplimiento de las auditorías”, cuando en realidad se trató de un evidente intercambio de favores por el tipo de fiscalización al que había sido sujeto la UASLP, con observaciones mínimas. La propia Leticia Jiménez Zamora, en su carácter de presidenta de la AMEREIAF, integró el jurado que determinó procedente la entrega de los títulos honoris causa a los fiscalizadores federales.

Ese intercambio de favores fue parte de la estrategia política de la UASLP para sostener su negativa de ser auditada por el estado; el encuentro efectuado el jueves también lo fue, lo que revela no sólo la incongruencia de los académicos que, por un lado, denostan la política y por otro hacen uso de ella para intentar esconder irregularidades.

Sin embargo, demostrando falta de oficio político, las autoridades de la UASLP no afinaron bien la estrategia y del mismo encuentro organizado para defender su rechazo a abrir sus cuentas surgió la crítica demoledora a su negativa.

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López se dijo a favor de que a las universidades públicas se les fiscalicen los recursos autogenerados, con el objetivo de tener la confianza de la sociedad y que sepan en qué se invierte cada peso.

Contundente señaló que para todos resulta obvio: “si transparentamos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos aplicando, no habrá duda de que la sociedad estará de nuestro lado”.