Barbosada

La ley de educación aprobada en el congreso local fue una flagrante barbosada, ejemplo cabal de gramática parda de unos diputados que no atentaron en contra de la razón política, sino en contra de la razón. El diccionario no recoge el término, pero ya hay quien promueve su inclusión. De manera tentativa, “barbosada” podría definirse en su primera acepción: “ocurrencia que alguien expresa o comete en estado etílico o marihuano o los dos”; en la segunda: “ocurrencia etílica o marihuana o las dos que el congreso local de San Luis Potosí eleva a rango de ley”. Uno pensaría que los representantes políticos (no etílicos, pero quién sabe) estatales son personas cuerdas, ecuánimes e, incluso, por momentos (los menos a decir verdad) competentes. La aprobación de la ley de educación no es únicamente una medida violatoria de la Constitución, sino de derechos fundamentales. La propiedad privada es principio irrenunciable de todo ciudadano y el deber del Estado es defenderla. Cuestionarla es una agresión sin precedentes. Exactamente esto es lo que hicieron unos señores que dan a entender que no saben por qué están donde están. Es exigible, además, que los políticos prevean las consecuencias de sus decisiones. La ley de Educación, que dispone que los bienes de las instituciones privadas pueden ser administradas por el sistema estatal, resulta de facto una confiscación.

Irresponsable y prevaricadora, la ley transciende lo evidente. La medida es contraria a las libertades. Parece indisimulable su origen ideológico totalitario de temperamento comunista. Ahora resulta que los que honestamente han trabajado e invertido para levantar una institución educativa no pueden administrarla a conveniencia. Una sociedad democrática necesita los dos modelos de instrucción, público y privado. Los padres tienen el derecho a educar como consideren a sus hijos, optando entre las ofertas existentes. La disposición recientemente aprobada se dirige a uniformar la instrucción sobre la premisa cada vez menos encubierta de que el Estado es dueño de los ciudadanos. La pluralidad educativa entre lo público y lo privado eleva la calidad de la enseñanza a partir de una legítima competencia. La diversidad educativa es ante todo un derecho de la sociedad civil, en absoluto prerrogativa del Estado que, en todo caso, actúa de manera subsidiaria también en esta materia. La iniciativa parece ridícula si se repara en la calidad de la enseñanza, como si esta dependiera de las canchas de fútbol y de las tienditas, y no de la preparación y compromiso de los maestros. Por los mismos motivos, los avisados legisladores habrían podido promulgar una ley mediante la que los bienes de las instituciones públicas pasen a manos de la iniciativa privada y seguramente les parecería muy bien. (La cronista-corista enchufada a una bomba de Tanqueray, ya se ve en la secretaría educación, ambición para la que ya ha elegidos moteles ad hoc).

En realidad lo que está en juego es la libertad. Se antoja evidente la deriva del congreso federal y estatal, cada vez más radicalizado, cada vez más excedido. El congreso local, constituido para servir a los potosinos, se dedica a acosarlos, a legislar necedades, a retraer la libre actividad. Debería promoverse una ley que permitiera a los ciudadanos disfrutar casas y coches y bienes de los diputados. No hay duda de que la aceptarían “felices, felices, felices”. Lo oportuno es que presenten su dimisión y se marchen. Pero se aferran al sueldo que reciben de los impuestos que pagan los mismos a los que desamortizan y, además, pretenden disfrutar su hacienda como si fuera propia. La verdadera pandemia es de orden mental y moral confortablemente instalada en el congreso del Estado.