Alcalde panista de Rioverde usa a la Guardia Nacional para perseguir y encarcelar a indígenas

Rioverde, S.L.P.- El alcalde panista de Rioverde, José Ramón Torres, decidió emprenderla contra los indígenas comerciantes ambulantes que llegan a la cabecera municipal para vender hamacas, artesanías y manualidades, para lo que le dio por utilizar a la Guardia Nacional, creada para garantizar la seguridad de los Ciudadanos, en ese municipio la ocupan para hostigarlos, perseguirlos y arrestarlos.
Con el pretexto de que San Luis Potosí volvió a semáforo rojo por el alto número de contagios de covid, el alcalde de panista de Rioverde, José Ramón Torres, decidió que era el momento perfecto para deshacerse de los pobres que todos los días llegaban a la plaza principal y ofrecían sus mercancías.
Desde principios de semana ordenó a su Policía Municipal que arrestara a los indígenas, a los que hicieron desfilar por la plaza para subirlos a las patrullas, arrestarlos y robarles su mercancía. Luego les cobraron 868 pesos con 80 centavos para dejarlos en libertad, a pesar de que no cometieron ningún delito.
Para atemorizar más a la población, el alcalde hizo lo impensable, ordenó a la Guardia Nacional que se sumara a los operativos de la Policía Municipal para amenazar, amedrentar, asustar y encarcelar a los indígenas, a pesar de que no fue creada con ese fin, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Desde hace meses que quedó evidenciada la complicidad que hay entre altos funcionarios públicos de Rioverde, la Policía Municipal y las bandas de delincuentes. Hace unos días hubo un operativo entre la Guardia Nacional y policías estatales, para detener a los integrantes de una célula delictiva. Misteriosamente la Policía Municipal de Rioverde no se enteró y no se sumaron al operativo, pero hasta los de Ciudad Fernández acudieron en apoyo.
Ahora el alcalde panista decide que ocupará a la Guardia Nacional contra los ciudadanos y no contra los delincuentes.
Sobre los atropellos que está cometiendo el alcalde panista de Rioverde en contra de los indígenas, ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni la Comisión de Víctimas, ni mucho menos el Instituto de pueblos Indígenas se han pronunciado, los dejaron solos, pagando multas por delitos que no cometieron.