FUNCIONARIOS FEDERALES DE LA 4T VIVEN COMO REYES EN SAN LUIS POTOSÍ

• Mientras el discurso oficial presume recortes y sacrificios, los representantes se pasean con sueldos de élite y resultados invisibles

La narrativa de la “austeridad” promovida por Morena desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder se desmorona con solo revisar las nóminas federales. En San Luis Potosí, los funcionarios de la llamada 4T parecen vivir en un país distinto al del pueblo que dicen representar. Eli César Cervantes Rojas, director del Centro General del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, gana más de 107 mil pesos netos al mes, Juan Ramiro Robledo Ruíz, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, se embolsa 121 mil pesos, y Mario Alberto Godoy Ramos, delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, suma otros 60 mil netos a su cuenta.

Con esos sueldos, cualquiera esperaría un desempeño a la altura de los salarios, pero en los hechos, los potosinos poco o nada saben de sus acciones. Los tres permanecen cómodos en sus oficinas, alejados de la realidad y sin resultados visibles. Lo único que parece moverse con agilidad son sus cuentas bancarias, llenándose mes con mes bajo la sombra del discurso de la “transformación”.

Cervantes Rojas carga con acusaciones graves por violencia familiar, deudor alimentario y una carrera vinculada al PAN, PRI y Morena según le convenga. Robledo Ruíz, por su parte, arrastra un historial de fracasos políticos, es protegido de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y se le señala como autor intelectual de agresiones contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante protestas estudiantiles. Y en el caso de Godoy Ramos, son las propias comunidades indígenas quienes rechazan su representación, hartas de su indiferencia.

Así luce la “austeridad” en territorio potosino, con sueldos de primer mundo, funcionarios de cuarta y una ciudadanía que, una vez más, paga la factura del discurso.