En un acto sin precedentes, los diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso del Estado decidieron solapar a alcaldes que se niegan a acatar sentencias del Tribunal de Contención y Arbitraje, para que paguen laudos laborales a ex empleados de los Ayuntamientos, negados a proceder en juicios de responsabilidad en contra de presidente municipales de Santo Domingo, Villa Hidalgo, Tamazunchale, Ciudad del Maíz, Villa de Arriaga, Huehuetlán, Vanegas y Mexquitic.
A pesar de que la Ley es clara y mandato que los laudos laborales deberán pagarse por los Ayuntamiento 15 días después de que se emitió la sentencia y que esta será inapelable, los diputados decidieron solapar a los omisos y no sancionarlos, con inhabilitación o multas con valor a la deuda que se niegan a pagar.
Los diputados decidieron dar otra interpretación a la Ley. Pues por negarse a acatar el pago del laudo laboral los alcaldes de Santo Domingo, Villa Hidalgo, Tamazunchale, Ciudad del Maíz, Villa de Arriaga, Huehuetlán, Vanegas y al violento presidente municipal de Mexquitic, fueron acreedores a una sanción por parte de la Secretaría de Finanzas, como esta no ha sido ejecutada, los diputados alegaron que debía pagarse, a pesar de que ese es un tema que no les compete, pues es administrativo y ellos deben enfocarse en la omisión al laudo laboral.
Los ex trabajadores de los ayuntamientos involucrados que llevan años peleando un juicio por despido injustificado, quedaron indefensos ante la decisión de los diputados por no sancionar a los alcaldes omisos, sin embargo sus abogados tendrán la oportunidad de acudir a una instancia superior, es decir, un tribunal federal, lo que evidenciará, otra vez, a las instituciones potosinas.
La mayoría de Ayuntamientos enfrenta problemas por laudos laborales, algunos casos son deudas millonarias que afectan seriamente las finanzas municipales, sin embargo cuando los alcaldes toman el cargo comienzan despidiendo colaboradores sin revisar la situación laboral del afectado, lo que lleva a demandas que terminan perdiendo porque los representantes legales de los municipios no tienen la preparación necesaria e indispensable, pues usan las posiciones como pago a favores políticos.
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